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Aunque han pasado muchos años sus familias los esperan.

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
Colombia es uno de los principales países Latinoamericanos con mayor índice de Desaparición Forzada.

Por: Ana Cecilia Pérez Osorio

EN LA BUSCA DE SUS FAMILIARES, OTROS HAN DESAPARECIDO

CASO DE LOS 19 COMERCIANTES
Diecisiete comerciantes que conformaban parte de una caravana fueron desaparecidos. Salieron de Cúcuta en cuatro vehículos el 3 de octubre de 1987 a las 8 a.m., con destino a Medellín.

Eran, padres y hermanos de familia que para ganarse la vida comerciaban con mercancía de contrabando. Para evitar el control de aduana viajaban a través de trechos. El recorrido que tomaron fue Cúcuta, Ocaña, San Alberto, Barranca, Puerto Araújo, San Juan, Campo Seco, Puerto Boyacá y Medellín, es decir la zona más conflictiva del Magdalena Medio, donde a partir del año 1987 la presencia paramilitar continúa siendo devastadora.

El 3 de octubre de 1987 en la noche salieron de Cúcuta y el 4 de Octubre llegaron a Ocaña.

Visitaron algunos familiares y partieron de nuevo a las seis de la tarde para Barrancabermeja, desde allí se comunicaban por teléfono con otros familiares  de Bucaramanga.

El 6 de Octubre pasaron la noche en el Hotel Restaurante Las Delicias en Puerto Araújo, de allí salieron al día siguiente a las diez de la mañana.

En el cruce de San Juan, uno de los vehículos se hundió en el pantano. Partieron de allí rumbo a Campo Seco, pasaron por el sitio La Travista y continuaron en dirección a Puerto Boyacá. Aquí fueron vistos por última vez… En este momento desapareció su rastro.

El 17 de ese mismo mes, otros familiares que salieron a buscar a sus parientes por vía terrestre, también fueron desaparecidos. La familia Ayala había recibido una llamada anónima en la que dijeron “Vayan por los cuerpos que están siendo pasto de las aves rapiñas”. Los familiares Juan Montero y Ferney Fernández salieron hacia Cimitarra en busca de los 17 comerciantes. Se movilizaban en una motocicleta Yamaha blanca 175.

El 18 de octubre a las 9 a.m., Juan Montero habló por teléfono con su familia en La Dorada, les dijo que estaba bien y que habían constatado que los comerciantes pasaron por Puerto Araújo, que continuarían investigando. Después de ese momento no se volvió a tener noticia de ellos. 

Este es tan solo uno de los tantos casos paradigmáticos que demuestran los niveles de impunidad en la investigación de los casos de Desapariciones Forzadas.

DESAPARICIÓN FORZADA

La desaparición forzada se basa en un secuestro llevado a cabo por agentes del Estado o grupos organizados de particulares que actúan con su apoyo o tolerancia y donde la víctima "desaparece". Las autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del hecho, ni dan cuentas de la víctima. Los recursos de Habeas Corpus o de Amparo -mecanismos jurídicos destinados a garantizar la libertad e integridad del ciudadano- son inoperantes y en todo momento los perpetradores procuran mantener el anonimato.

El objetivo es, además de la captura de la víctima y su consiguiente "tratamiento" sin freno de ningún tipo, el crear, desde el anonimato y la subsiguiente impunidad, un estado de incertidumbre y terror tanto en la familia de la víctima como en la sociedad entera. Incertidumbre, porque no se sabe qué hacer, a quién recurrir, porque se duda sobre el real destino y/o los beneficios de la búsqueda. Terror, por el destino desconocido pero obviamente terrible y por la convicción de que cualquiera y por cualquier motivo puede ser un desaparecido.

En la desaparición forzada se acumulan una serie de violaciones de los derechos fundamentales de las personas: el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a ser reconocida en todas partes como una persona ante la ley, el derecho a la defensa, el derecho a no ser sometido a la tortura, y constituye una grave amenaza al derecho a la vida.

La desaparición forzada paraliza tanto la acción opositora de la víctima como a la sociedad entera. El desaparecido no es pues, un simple preso político; tampoco es -como quienes la practican quisieran hacer que se considere- un muerto, por más que se hayan encontrado, muchas veces, sus cadáveres.

LA HISTORIA…
La historia de la Desaparición Forzada en Colombia y la lucha de los Familiares de las victimas por su erradicación, es la historia del país mismo. Cada una no se pueden contar, ni comprender, sin el espejo de las otras.

En la década de los años sesenta, frente al conflicto social, las políticas de justicia y orden público fueron impregnadas de una mentalidad peligrosista y autoritaria, por el abuso ilimitado de los poderes de excepción otorgados a la rama ejecutiva bajo el estado de sitio, que afectó negativamente los derechos civiles y políticos. Todos los caminos y posibilidades de participación de la oposición en el sistema político estaban cerrados por el pacto del Frente Nacional, suscrito entre los partidos Liberal y Conservador.

En el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se institucionalizaron  las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias en Colombia. Con esto se produjo un doble proceso: disminución de los grupos alzados en armas por la vía judicial y con ello el número de presos políticos, y por el otro lado comenzó el fenómeno de las desapariciones forzadas y asesinatos por motivaciones políticas. Desde entonces se implementaron prácticas de detención de rasgos clandestinos, donde personas detenidas luego no aparecían presas, ni eran llevadas a las cárceles públicas o ante los jueces, sus nombres no aparecían en ningún registro oficial. Algunas veces los cuerpos aparecían con señales de tortura y eran enterrados subrepticiamente, como N.N. ( No Name- No Nombre).

Actualmente la desmovilización de más de 30 mil paramilitares ha conducido a la ubicación de decenas de fosas comunes: 240 cuerpos de colombianos han sido encontrados y, según la Fiscalía General, se espera encontrar 2.500 más. Sin embargo, el delito de la desaparición forzada continúa en el país: 839 personas desaparecieron por la fuerza en 2005, y 175 en el primer semestre del 2006, según el Instituto de Medicina Legal.

En diferentes lugares del país, hay familias que están sufriendo la tragedia de la desaparición forzada, que suplican el fin del viacrucis y que piden que les devuelvan a sus seres queridos, así sea sus cuerpos para darles sepultura. “Prefiero recibir una mala noticia a continuar en la incertidumbre”, dice una mujer que desea conocer el paradero de su marido, desaparecido hace dos meses en Cúcuta.

ENTRE 3.000 Y 14.000
En Colombia se habla de “cientos” y “miles” de ciudadanos desaparecidos por la fuerza. Nadie tiene una cifra definitiva. El primer caso, reportado ante la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Asfaddes, y atribuido a organismos de seguridad del Estado, se remonta a 1977. Ese año, Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 34 años, militante de izquierda, desapareció en la ciudad de Barranquilla junto con su novio. Él fue torturado y ella nunca regresó.

“Ahora la información sobre desaparición forzada está completamente dispersa y no está sistematizada. Es posible que a mediados de 2007 ya tengamos un conocimiento preliminar de las primeras estadísticas oficiales sobre víctimas de desaparición forzada en Colombia”, afirma Eduardo Realpe, delegado del Defensor del Pueblo en la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En los últimos 20 años varias son las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado por obtener registros sistemáticos sobre la desaparición forzada en el país.

Procesado: Observatorio de los Derechos Humanos
• Los registros sobre desaparecidos se inician en 1972. El fenómeno colombiano se mantuvo en un nivel muy bajo en el curso de la década de los setenta. En la segunda parte de la administración de Julio César Turbay aumentó notablemente y mantuvo una tendencia ascendente, con oscilaciones, hasta 1990 para luego bajar. Desde 1995 se renovó la tendencia ascendente. Debe tomarse en consideración la temporalidad de los registros y su necesaria depuración al ubicarse muchos de los desaparecidos entre los secuestrados, muertos, etc.
• El comportamiento histórico de la curva de desaparecidos elaborada por las ONG dibuja la misma trayectoria que la de los asesinatos políticos y la de las masacres, de acuerdo con los análisis del Observatorio de los Derechos Humanos.

Asfaddes, por ejemplo, tiene registrados 7.800 casos en 27 años, aunque su directora, Gloria Gómez, asegura que en el país hay por lo menos 7.000 casos más que nadie ha reportado.

La Comisión Colombiana de Juristas, entre tanto, reporta 3.588 desaparecidos en ocho años, es decir, 448 personas cada año. De todas, 507 fueron encontradas asesinadas, en algunos casos con señales de tortura, y del resto -3.081- aún no hay rastro. Sus directivas advierten un importante subregistro en estas cifras.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó en su informe de 2005 la existencia de 3.600 desaparecidos por la fuerza según datos obtenidos de sus familiares. Tan sólo en 2004 se reportaron 279 nuevos casos y en 2005, 317, dice el documento.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó —en su informe de 2005— la existencia de 3.600 desaparecidos por la fuerza según datos obtenidos de sus familiares. Tan sólo en 2004 se reportaron
279 nuevos casos y en 2005, 317.

Existe “un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad… Esas violaciones no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, pero su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas impidieron superarlas”, advirtió en su visita a Colombia, en julio de 2005, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, para quien la desaparición forzada es un crimen “cometido por agentes estatales o personas que perpetran el delito con su tolerancia, aquiescencia o apoyo”.

DIFERENCIA ENTRE DESAPARICIÓN Y SECUESTRO
Las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, tanto dentro como afuera del conflicto armado en Colombia, son las peores del continente americano. Las desapariciones forzadas de campesinos, sindicalistas, activistas y muchos otros son cuestiones diarias. Los responsables son generalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia. La FARC en su mayoría  asesina al descubierto. En general los desaparecidos son asesinados al poco tiempo de ser secuestrados, que es cuando se informa a la familia o posteriormente se libera a la persona.

“Toda pérdida de un ser querido es dolorosa y traumática, en nuestra cultura existen una serie de ritos que ayudan y nos llevan a aceptar la ausencia definitiva de quien fallece. Existe un cadáver, hay un velorio, una ceremonia religiosa  y luego es transportada al cementerio, un lugar santo, sagrado y que podemos visitar. En cambio el desaparecido se le niega todos los derechos, incluida una muerte digna, y los ritos que ella representa. Del desaparecido se ignora totalmente su suerte final. Quedan suspendidos entre la vida y la muerte. En esas condiciones es imposible elaborar un duelo” dice Luz Dari Mogollón, madre de Luís Alfonso Martínez, agricultor, detenido –desaparecido en 1990 en Medellín.

“Es terrible, hace 20 años que sucedió, y yo como madre todavía siento dolor, porque aún tengo en casa ese puesto desocupado, todavía no lo he podido recuperar y además siento esa tristeza tan grande desde el primer día hasta hoy. No he podido olvidar. Es una cosa que se lleva hasta la muerte”.

En las desapariciones forzadas la situación de incertidumbre que experimentan muchos supervivientes sobre el destino de sus familiares, puede dejar una herida abierta permanentemente.

Vivir con esa pérdida /ausencia es más difícil, enfrentar el dolor se vuelve complejo. Muchos familiares entrevistados se encuentran aún hoy, incluso diez o veinte años después, afectados por recuerdos traumáticos, dolor profundo y tristeza, mostrando que la desaparición forzada y en muchos casos el silenciamiento oficial sobre el destino de los familiares, tienen un impacto negativo en la salud  y la vida de estas.

 “Desde entonces ha sido el sufrimiento, el dolor, el calvario… en fin, todo lo que ocurre a una familia en estas circunstancias. Es terrible, hace 20 año que sucedió, y yo como madre todavía siento dolor, porque aún tengo en casa ese puesto desocupado, todavía no lo he podido recuperar y además siento esa tristeza tan grande desde el primer día hasta hoy. No he podido olvidar. Es una cosa que se lleva hasta la muerte. Mi esposo falleció llevándose el dolor de no saber qué pasó con su hijo,  es horrible lo que hacen con la familia, con la sociedad, con los amigos… es algo que no le deseo a nadie, siempre  he dicho que no se lo deseo ni al mismo que ha hecho estas desapariciones, que se ha tomado la justicia por sus manos” cuenta con lágrimas en sus ojos una de las tantas madres que fue víctima de la detención-desaparición de uno de sus hijos.   En un país así, quizás sea necesario coser la sangre para ver su  verdadero rostro.